Octubre de 1912. Rosario de Acuña lleva ya casi once meses en Portugal, huida de España para evitar ser detenida, pues desde el mes de enero pesa sobre ella una orden de busca y captura dictada por un juzgado de Barcelona tras la querella interpuesta por el fiscal
correspondiente como consecuencia de la publicación de La jarca de la Universidad (⇑).
Meses atrás, casi desde el mismo momento en que se dictó la orden, hubo quienes se movilizaron para conseguir la vuelta a casa de la escritora. Así, en febrero el diputado republicano y masón Álvaro de Albornoz interpeló en el Congreso al Gobierno para exigirle la anulación de la orden en cuestión pues no cabía tal «por un delito de calumnia contra una clase que no es del Estado». Otros, de manera más o menos discreta, iniciaron gestiones con el fin de conseguir la promulgación de un indulto para los delitos de opinión y de imprenta, al cual se podría acoger doña Rosario.
En estos días de otoño todo son rumores al respecto. Parece que el indulto es inminente, pero que no será todo lo amplio que los partidarios del retorno de la librepensadora de El Cervigón desearían. Se dice, incluso, que hay sectores que están presionando para que la autora de aquel artículo que tantas censuras recibió no se beneficie del mismo.
Así las cosas, el 26 de octubre los masones gijoneses que integran la logia Jovellanos, conocedores de las gestiones que se están haciendo al respecto, deciden enviar una carta al Gran Consejo de la Orden que, en lo sustancial, dice lo siguiente:
Ante tamaña injusticia se subleva el ánimo y este taller en ten.·. de ayer acordó por unanimidad dirigiros la presente para poneros sobre aviso, y que en cumplimiento de nuestro deber de proteger al h.·. y al débil, procuréis, por los medios que a vuestro alcance están que no se cometa tal monstruosidad, velando por los fueros de la razón y la justicia.
Habrá que esperar, no obstante, hasta el mes de enero de 1913 para que el nuevo Gobierno de Romanones, tras haber recibido la visita (hay que decirlo, aunque no se pueda probar la relación causa-efecto entre los dos hechos) de los diputados Melquíades Álvarez (asturiano y masón), Moroto y Castrovido, se decida a hacer público el real decreto por el cual se concede un indulto total «a los que hubieren sido condenados, cualquiera que sea el tribunal o jurisdicción que hubiera impuesto la condena, por los delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación o por medio de la palabra hablada en reunión o en manifestación pública o espectáculo con fin político...»
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Rosario de Acuña y Villanueva. VIDA y OBRA (⇑)
